La entidad de ahorros Unicaja comunicó ayer que da por finalizadas las conversaciones e iniciativas para el proyecto de fusión con la Caja Castilla-La Mancha (CCM), intervenida ayer por el Banco de España, una decisión que ha sido mayoritariamente respaldada en Andalucía.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, declaró que la intervención del Banco de España sobre Caja Castilla-La Mancha ha sido un ejercicio de responsabilidad y ha aplaudido el comportamiento de Unicaja por haberse guiado "por el interés general de sus depositarios".
En declaraciones a los periodistas en Sevilla, alabó la actuación "responsable" del presidente del Consejo de Administración de Unicaja, Braulio Medel, y señaló que, en todo momento, ha sido acompañado por el Gobierno andaluz.
El vicepresidente económico de la Junta, José Antonio Griñán, mantuvo ayer un breve encuentro con el presidente de Unicaja, Braulio Medel, aunque no se ofreció detalles de su contenido.
La coincidencia temporal de ambas decisiones puede abonar la impresión de que el Gobierno ha querido que, en la convulsa situación por la que atraviesan las cajas de ahorro, cada palo aguante su vela, unos por unos motivos y otros por otros. Así, frente al reproche de que fueron personas vinculadas al PSOE quienes empujaron a Caja Castilla La Mancha al borde del precipicio, siempre cabría oponer el argumento de que algunos líderes del PP son capaces de violentar la Constitución con tal de ganar cuotas de poder, como Esperanza Aguirre ha demostrado sobradamente con su asalto a la cuarta entidad financiera de España.
Contra esta conjetura se puede esgrimir, sin embargo, la secuencia oficial de los hechos. Aunque era bastante previsible, la negativa de Unicaja a cargar con el muerto de Caja Castilla La Mancha no fue comunicada al Banco de España hasta una trascendental reunión que hubo el viernes en Madrid con el propio gobernador, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ. Ese día y casi a la misma hora, el Gobierno daba por bueno el dictamen del Consejo de Estado sobre la posible inconstitucionalidad de algunos aspectos de la ley de cajas madrileña. Si entre ambas decisiones existió una relación de causa-efecto, probablemente nunca se sabrá; pero sin duda hay ahí un nuevo elemento para la polémica.
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